La Junta de Vecinos N° 33 de Punta Estación en Ancud, Región de Los Lagos, denunció una serie de irregularidades en el funcionamiento del polémico vertedero Puntra El Roble, ante la Superintendencia del Ambiente, la cual terminó en una reciente fiscalización al recinto con resultados negativos para la comunidad, según señala la doctora en Ciencias Biológicas, Jenny Schmid-Araya.
La superintendencia acudió al lugar para fiscalizar las quejas de los vecinos, constatando que existe un manejo inadecuado de lixiviados con fluctuación de la altura de la laguna de acumulación, la cual podría deberse al bombeo directo al entorno o a que fluyen a través del revestimiento con la posible afectación del acuífero, así como la instalación incompleta del cerco perimetral, tal como habían detallado los vecinos.
A su vez, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dispuso una serie de medidas provisionales que deberían llevar a un proceso sancionatorio, agregó la doctora.
Así también, detalló que de esta manera se confirman los peores miedos de la comunidad, pues se han acumulado 2 metros de cóctel tóxico de lixiviados (producto de la basura orgánica, los plásticos, los papeles toilette, etc. mezclados con las aguas lluvias), y esto cuando la temporada de lluvias recién acaba de comenzar en Chiloé.
Además de esto, el hedor de esta instalación de “alta tecnología” está llegando a varios kilómetros afectando el bienestar y la salud de las personas dando lugar a mayores niveles de estrés en la población de Puntra. Al mismo tiempo se registra un inminente daño al medio ambiente.
FALTA DE FISCALIZACIÓN
La doctora alude a que la “incompetencia” en la fiscalización sanitaria junto con la gestión del vertedero de la Municipalidad de Ancud ha dejado a Puntra El Roble en una situación precaria, aumentando la variedad de riesgos para el medio ambiente, tanto acuático como terrestre, y en particular para el Santuario del humedal del río Chepu.
Desde el inicio de la iniciativa de disposición de residuos domiciliarios en Puntra-El Roble, la comunidad y la sociedad civil organizada han denunciado un sinfín de irregularidades, legales, técnicas y ambientales, movilizados por un profundo compromiso con la conservación del medioambiente.
“Frente a estos esfuerzos de defensa, los/as responsables se han limitado a dar declaraciones grandilocuentes sobre la seriedad y legalidad de las acciones emprendidas, sin aportar evidencia de ello y negando a la ciudadanía el acceso a la información.
Sin embargo, gracias a la fiscalización de las SMA, se ven confirmados todos los peores temores de la comunidad y organizaciones medioambientales, en el sentido que el vertedero no solo ha evadido flagrantemente la evaluación de impacto ambiental, sino que además hoy representa un inminente riesgo de daño medioambiental y a la calidad de vida de la población local, producto de la negligencia, la improvisación y la irresponsabilidad de las instituciones a cargo”, puntualizó.
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