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En prisión preventiva quedaron una mujer y un hombre, quienes esta jornada fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía de Osorno por su participación en el delito de tráfico ilícito de drogas, las que eran comercializadas en las regiones de Los Lagos y Los Ríos.
La información fue entregada esta tarde por el fiscal (s), Carlos Delgado, quien señaló que los imputados son una mujer de 49 años, domiciliada en el sector Francke, de Osorno, y un hombre de 73 años, con residencia en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.
Relató que la detención de los imputados se concretó el lunes 13 de septiembre en el Terminal Sur, ubicado en la comuna de Estación Central, tras una investigación desarrollada por la Fiscalía Local de Osorno y cuyas diligencias realizadas por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de esta provincia.
El persecutor explicó que la captura se registró en momentos en que la imputada, sin antecedentes policiales, se abastecía de clorhidrato de cocaína que le vendía el hombre.
Asimismo, el fiscal Delgado comentó que tras la citada detención, detectives allanaron dos domicilios, tanto en Osorno como en San Miguel, incautando más de 2 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 2 millones 400 mil pesos, en dinero en efectivo, y un automóvil. Dicho decomiso equivale a 1.980 dosis de esta droga, cuyo avalúo bordea los 20 millones de pesos.
Al respecto, el subprefecto Ronny Salgado, jefe de Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Osorno, contó que mediante la utilización de diversas técnicas investigativas los detectives pudieron establecer la responsabilidad de la mujer, quien se dedicaba de manera activa a la venta de sustancias ilícitas y su distribución a microtraficantes y consumidores de la ciudad de Osorno y de la provincia del Ranco, en la Región de Los Ríos.
El oficial añadió que, en ese contexto, también se logró identificar a su proveedor, que era el hombre de 73 años domiciliado de San Miguel.
El Tribunal de Garantía de Osorno dejó a ambos imputados con la medida cautelar de prisión preventiva, por considerar que constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad, y fijó un plazo de investigación de 80 días.
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