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Las rectoras y rectores de las 18 universidades del Estado rechazaron la solicitud presentada vía oficio por los diputados Cristóbal Urruticoechea (militante del Partido Liberal) y Harry Jürgensen (aspirante a la reelección como independiente en cupo del Partido Liberal), en la que requieren informar sobre “cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo”.
En declaración pública enviada durante esta jornada, las máximas autoridades del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) añaden que en dicho oficio se solicita, además, individualizar a docentes que imparten estas asignaturas y los recursos destinados por cada institución, lo que recalcan les parece “una petición abusiva y con un fin persecutorio”.
El documento da cuenta que, en su calidad de universidades públicas y de acuerdo con la legislación que los rige, guían el quehacer de estas casas de estudios por los principios de equidad de género, respeto, tolerancia e inclusión, entre otros, “los que debemos respetar, fomentar y garantizar, y que son vinculantes para todos los integrantes de nuestras comunidades”.
Y subrayan que “en este sentido, el desarrollo de programas que tengan como propósito avanzar en la inclusión y equidad de género nos permite construir una sociedad más democrática, justa, reflexiva y tolerante, que avance en la superación de las desigualdades que históricamente han afectado a las mujeres y las minorías en Chile y en el mundo, y contribuye a dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país y a las exigencias legales establecidas recientemente en la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, por lo que estas instituciones perseverarán en su implementación”, advierten los timoneles de las universidades públicas del país.
Asimismo, rechazan de manera enfática “la utilización de facultades públicas con miras a censurar, limitar o vulnerar tanto la libertad de cátedra, como la autonomía de nuestras instituciones, principios esenciales para el adecuado funcionamiento de los sistemas de educación superior en toda sociedad democrática, y debidamente reconocidos y resguardados en nuestra legislación”.
Finalmente, los rectores y rectoras del CUECH reafirmaron “el compromiso y el deber que tenemos como Universidades del Estado, de propiciar espacios de reflexión crítica y formar profesionales que aporten al conjunto de la sociedad y que velen por la justicia social y el bien común”.
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