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El notoria alza en el precio del gas licuado ha motivado en las últimas semanas que varios municipios a nivel nacional y regional, hayan iniciado trámites para poder comercializar el combustible a un “precio justo”.
Sin embargo, este lunes la Contraloría General de la República emitió un oficio advirtiendo que este tipo de iniciativas no se ciñen a la ley, expresando que el "marco normativo vigente no contempla autorización para que la municipalidades puedan vender gas".
Ante la duda natural de por qué con las farmacias populares se pudo distribuir medicamentos a precios más bajos por esta vía, la Contraloría argumentó que la adquisición de éstos está considerada dentro de las facultades municipales. No así con el gas ni otros combustibles.
Además, especificaron que, "solo podrían comercializar el gas si una ley aprobada en el Congreso así lo permite".
Cabe recordar que esta idea se inició en el municipio de Chiguayante, donde su alcalde, presentó una solicitud a la Empresa Nacional del Petróleo para comerciar gas licuado entre sus habitantes.
Paralelamente, la comisión de gas licuado de la Cámara se encuentra investigando una eventual colusión de empresas de gas licuado luego de un informe realizado por la Fiscalía Nacional Económica que reportó “graves irregularidades”.
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