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La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la revisión de dos mociones relacionadas a la distribución y comercialización de gas licuado.
Ambas iniciativas tienen como antecedentes factores que afectan a los consumidores, como el alto incremento en el precio durante los últimos doce meses. Además, se considera que existen indicios de colusión en el mercado del gas y en la fijación de precios. Igualmente, se constata falta de competencia para el ingreso de nuevos actores.
En esa línea, se promueve incluir a los municipios en la comercialización del gas o a su asociación por el gas a precio justo.
Entre sus fundamentos, ambos proyectos mencionan la norma constitucional sobre “Estado empresario”. Dicha disposición autoriza a desarrollar tales actividades solo si una ley de quórum calificado lo autoriza. Misma norma se replica en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
PROPUESTAS
Una de las mociones es de iniciativa de la bancada PPD e independientes. Ella autoriza a las municipalidades para desarrollar actividades empresariales o comerciales destinadas a transportar, distribuir y comercializar gas licuado. Ello se podrá realizar a través de un municipio de manera singular, o bien, mediante una asociación o agrupación de municipalidades.
La otra moción autoriza a las municipalidades para distribuir y comercializar todo tipo de servicios de gas licuado de petróleo (GLP) a los consumidores finales. Es una propuesta de diputados PS, DC y RN.
Sus autores buscan colaborar con la propuesta de alcaldes y alcaldesas. Asimismo, da respuesta a lo dictaminado por el contralor general de la República, en orden a autorizar expresamente que los municipios puedan distribuir y comercializar gas.
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