Gendarmería realiza quinto allanamiento nacional simultáneo

En la región de Los Lagos el procedimiento se efectuó en recintos penitenciarios de Osorno, Puerto Montt y Ancud. Revisa el detalle de las incautaciones.

Como parte de la política de combate contra las bandas delictuales que operan al interior de los recintos penitenciarios del país, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Gendarmería de Chile efectuaron el quinto allanamiento nacional simultáneo de 2023, el que se llevó a cabo en 35 unidades penales de las 16 regiones del país.

En la Región de Los Lagos, el procedimiento se efectuó en un módulo de condenados del Complejo Penitenciario de Puerto Montt. También en un módulo de imputados del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno y en la totalidad del Centro de Detención Preventiva de Ancud.

En el módulo 12 de Alto Bonito (82 internos) se decomisaron nuevo teléfonos celulares y un arma blanca de confección artesanal. En el módulo 3 de Osorno (36 internos) se incautaron tres teléfonos celulares, dos armas blancas, dos manos libres, dos cables usb y una botella de licor artesanal.

Mientras, en el recinto penal de Ancud (60 internos) se incautó un envoltorio con cannabis sativa, cuatro cargadores de celular y una batería para teléfonos móviles.  

Fortalecer la seguridad de la población penal y de gendarmes

La directora regional de Gendarmería en Los Lagos, coronel Angélica Briones Castillo, destacó la trascendencia de este tipo de operativos y su valioso aporte a la seguridad ciudadana.

“Este es el quinto allanamiento nacional de este año y el decimocuarto desde que comenzaron a efectuarse estos operativos en junio del año pasado", señaló.

"Es un trabajo permanente y constante, que está dando sus frutos y que nos permite disminuir los delitos que se cometen desde el interior de los recintos penitenciarios, fortaleciendo la seguridad tanto de la población penal como de nuestros propios funcionarios”, detalló Briones.

La coronel agregó: “Tener establecimientos penitenciarios seguros nos permite contribuir con la seguridad pública, y, eliminar los elementos prohibidos posibilita que estos establecimientos puedan cumplir su rol, que es tener las condiciones suficientes para generar la reinserción social de las personas que se encuentran privadas de libertad”, concluyó.