Consejo de Defensa del Estado falla a favor de manipuladoras de Osorno

La determinación favorece a 580 manipuladoras de alimentos que esperaban el pago de sus finiquitos.

El Consejo de Defensa del Estado falló a favor de 580 manipuladoras de alimentos de la provincia de Osorno, quienes esperaban el pago de sus finiquitos por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), desde hace tres años.

La información fue confirmada por el senador Fidel Erspinoza, quien dijo estar  feliz porque anoche se enteró de la noticia de manera extraoficial.

Espinoza aclaró además que tras conocerse en abril el fallo positivo de las manipuladoras de Puerto Montt, solo faltaban las de Osorno.“Se plasmó mucho más tarde, por cuanto hubo un fallo adverso en la corte de apelaciones de Valdivia, que no dio cabida a que pudiéramos tener el éxito que habíamos logrado con las manipuladoras de las provincias de Llanquihue y Chiloé”, señaló.

“580 mujeres manipuladoras de alimentos de Osorno, habían quedado a la deriva, por lo que iniciamos un trabajo con el abogado Braulio Sanhueza y la directora nacional de la Junaeb -Camila Rubio-, muy meticuloso, para tratar de convencer al gobierno y a la dirección de presupuesto del gobierno de que aquí era fundamental llegar a un acuerdo con las manipuladoras para poder pagarles su finiquito. Esto dependía obviamente de que el CDE se allanara a un acuerdo”, señaló.

Sandra Ulloa, presidenta del Sindicato Interempresa de Manipuladora de Alimentos Pre y Escolar, expresó la alegría de su gremio. “Estuvimos muy impacientes durante mucho tiempo esperando respuesta y ayer en la tarde nos avisaron”, manifestó.

Con la decisión del CDE se concreta la totalidad del pago de finiquito de la demanda de 2 mil trabajadoras de Chiloé, Llanquihue y Osorno, que, en junio de 2020, fueron despedidas por la empresa Dipralsa, porque la Junaeb, entidad de la que la empresa era concesionaria, había puesto término anticipado a un contrato de suministro de raciones alimenticias.

Ante la arbitraria situación, las afectadas presentaron demandas ante los juzgados del trabajo respectivos, que fallaron a favor de las trabajadoras, asignando una indemnización de $2.100.000 para cada una, que ahora finalmente recibirán las 580 que estaban pendientes.