Defensor del triple homicida de Río Bueno alegó patología mental del imputado

Ministerio Público dio a conocer detalles de cómo habrían sucedido los dramáticos hechos que terminaron con una familia fallecida en Cayurruca.

Múltiples lesiones con arma blanca, todas ellas letales, fueron las heridas que se evidenciaron en las víctimas del triple homicidio en Cayurruca, Río Bueno.

Así quedó establecido en la jornada de formalización del único imputado de los hechos y que se llevó a cabo esta tarde en el Juzgado de Garantía de Río Bueno.

El hombre está implicado en el crimen de su hermano Raúl Iván Uribe, de la esposa de éste Alejandra Tapia y la pequeña hija de ambos, Valentina.

De acuerdo con el Ministerio Público, el detenido y autor confeso de los hechos actuó con alevosía y ensañamiento.

El fiscal Sergio Fuentes, dio a conocer hechos claves en el proceso que se sigue contra el imputado en los hechos y que hoy lo enfrentan a cuatro delitos, los que pueden aumentar a cinco.

A los tres homicidios conocidos, se le suman el de homicidio tentado en contra de una de las víctimas que sobrevivió a los hechos y se analiza el delito de aborto, dado que el fiscal corroboró en la audiencia de formalización de este jueves 28 de marzo, que la esposa de Raúl Iván Uribe, se encontraba embarazada.

Los hechos

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, los hechos se desencadenaron pasada la medianoche del domingo cuando el victimario llegó a la casa de la familia Uribe-Tapia ubicada en el sector de Cayurruca, comuna de Río Bueno.

El imputado ingresó al domicilio portando un cuchillo cocinero sin ser advertido por los dueños de casa quienes se encontraban en el domicilio matrimonial de la vivienda. Esto se desprende del análisis del sitio del suceso, ya que las tres víctimas fueron encontradas en ese lugar de la casa con las graves heridas que les costaron la vida.

Se estima que estaban durmiendo. Todos recibieron lesiones cortopunzantes de extrema gravedad. Uno de ellos presentaba acciones defensivas por sus heridas en brazos y manos.

Se evidenció también que dos de las víctimas intentaron buscar refugio en un closet de la habitación, hasta donde llegó el victimario para darles muerte.

En una zona de la casa se encontraba otra persona familiar de los fallecidos, quien se hallaba en la vivienda hace una semana y quien sobrevivió a los hechos. Su testimonio permitió establecer la dinámica de los hechos de aquella noche.

“Ella fue golpeada por el imputado, quien le dijo que no debería haber estado ahí, que guardara silencio porque sabía lo que podría pasarle. Ella dio aviso vía telefónica a familiares y a la policía sobre lo que estaba sucediendo”, dijo el fiscal Fuentes.

Posteriormente, el imputado se dirigió hasta un baño de la casa donde se estima que se lavó y limpió el arma blanca empleada en los hechos, luego permaneció en la casa donde fue encontrado por Carabineros.

Respecto de las motivaciones del triple homicidio, se dio a conocer que el imputado había sostenido una relación laboral con Uribe de quien es hermano y que había sido despedido de la empresa de ópticas que tenía.

Esta situación había generado acciones administrativas y judiciales ante la Inspección del Trabajo; por lo que se estima que esa situación laboral-económica fue fundamental para detonar el delito.

A juicio del fiscal Sergio Fuentes, el “imputado ingresó al domicilio con el ánimo determinado de causar la muerte”.

Postura de la defensa

El defensor penal público Sebastián Arismendi Salazar apeló de la condición mental de su defendido, dando cuenta de su ficha clínica por patologías mentales tratadas en el Hospital Base de Osorno y en Santiago.

En dicho documento se acreditaría un diagnóstico de esquizofrenia, además de otras conductas, por las cuales recibía medicación

Dentro de lo expuesto en la jornada, el abogado indicó que su defendido consumía alcohol y marihuana.

Esta tesis fue refutada por el fiscal y corroborada por el juez, quien señaló que dicho diagnóstico fue evolucionando hasta determinarse un trastorno afectivo bipolar.

El juez de Garantía, Pablo Salas Donoso, determinó la prisión preventiva del imputado por considerarlo un peligro para la sociedad y determinó un plazo de 120 días para la realización de la investigación y diligencias pendientes.

 Esta información aborda un proceso judicial que está en desarrollo. De acuerdo a la normativa vigente, y ante la posibilidad de que los cargos sean desestimados, los imputados por un delito no tienen que ser considerados culpables, hasta que la justicia los condene. Por ello, mientras no exista una sentencia, Grupo Diario Sur no debe revelar los nombres de quienes aún están siendo investigados.