En 2022 se promulgó la Ley No Chat con un objetivo claro: imponer sanciones más severas para disminuir el uso de dispositivos electrónicos mientras se conduce, entendiendo que la principal causa de siniestros viales en nuestro país se vincula de forma directa con la conducción no atenta.
La normativa convirtió en una infracción gravísima, con multas que oscilan entre 1,5 y 3 UTM ($97 mil y $194 mil), el acto de manipular un teléfono u otro dispositivo mientras se conduce, incluso si el vehículo se encuentra detenido en un semáforo en rojo.
Las sanciones también incluyen suspensión de licencia de conducir por un período de cinco a 45 días, con la posibilidad de extenderse hasta 90 días en caso de reincidencia. Además, la normativa prohíbe el uso de GPS y realizar llamadas telefónicas mientras se maneja, y se aplica incluso a vehículos no motorizados (ciclos).
En relación a las multas por infringir esta normativa en 2023, a pesar de que a nivel nacional se observó una leve disminución en las infracciones, en siete regiones se registró un aumento significativo en comparación con 2022.
Según datos oficiales, la Región Metropolitana encabeza el número de multas, además con un incremento cercano al 11%. Por otro lado, en cinco regiones del país se observó una disminución significativa en las infracciones de tránsito relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos al conducir.
Estas regiones son O'Higgins, que registró una reducción del -27,53%, Los Lagos con un descenso del -21,02%, Maule con un -17,63%, Biobío con un -4,74%, y Valparaíso con un -4,33%.
En esta línea, las diez comunas con mayor incidencia de infracciones relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos al conducir, en orden descendente, son Santiago, Temuco, Puerto Montt, Coquimbo, Los Ángeles, Osorno, Providencia, Antofagasta, Paine y Concepción.
Estas estadísticas ponen de manifiesto la magnitud del problema, evidenciando que el uso de dispositivos electrónicos mientras se conduce es una práctica ampliamente aceptada y normalizada.
En 2023, el Congreso aprobó el proyecto de ley que estableció el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, destinado a fiscalizar de manera ágil las infracciones a la ley de Tránsito mediante el uso de cámaras y dispositivos automatizados. Aunque se encuentra en fase de pruebas, todavía no se ha implementado en todo el país.
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