Como parte del Plan de Seguridad Penitenciaria Contra el Crimen Organizado, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde junio del año 2022, Gendarmería de Chile efectuó el undécimo allanamiento nacional simultáneo de 2024, el que se desarrolló en diversas unidades penales de las 16 regiones del país.
En Los Lagos, el operativo se concentró en un módulo de condenados del Complejo Penitenciario de Puerto Montt y en un módulo de imputados del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, con un total de 184 privados de libertad allanados.
En Puerto Montt, el procedimiento se llevó a cabo en el módulo 41 de condenados de alto compromiso delictual, incautándose 30 teléfonos celulares, 15 armas blancas de confección artesanal y dos envoltorios con sustancias ilícitas, las que contenían 7.2 gramos de cannabis sativa y 5.6 gramos de ketamina.
En Osorno, el allanamiento se realizó en el módulo 4 de imputados, dependencia donde los funcionarios hallaron un teléfono, tres armas blancas de confección artesanal y un elemento contundente.
“En este undécimo allanamiento nacional, incautamos un total de 31 teléfonos celulares, 18 armas blancas de confección artesanal y 12,8 gramos de dos diferentes tipos de drogas, lo que demuestra la eficacia y la necesidad de realizar este tipo de procedimientos. Es un trabajo permanente y constante de nuestro personal, que está dando buenos resultados y que nos permite disminuir los delitos que se cometen desde el interior de los recintos penitenciarios”, destacó la coronel Angélica Briones, directora regional de Gendarmería en Los Lagos.
“Tener establecimientos penitenciarios seguros nos permite contribuir con la seguridad pública, y, eliminar los elementos prohibidos posibilita que estos establecimientos puedan cumplir su rol, que es entregar seguridad a la población penal, a nuestros funcionarios y a la ciudadanía en general”, agregó Briones.
“Estos procedimientos son parte de la política penitenciaria que hemos elaborado desde el Gobierno, junto con Gendarmería, para mantener establecimientos penitenciarios seguros, donde el control del Estado sea total. Hemos tenido un operativo exitoso, pero no nos podemos confiar, porque el trabajo de la seguridad al interior de los recintos penales es una labor constante y permanente”, explicó el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fuenzalida.
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