Estefany Morales, una joven de 22 años de nacionalidad venezolana, fue encontrada sin vida en su domicilio ubicado en el sector de Rahue Alto, en Osorno.
La autora confesa del crimen, Miriam Cortés, su suegra, fue formalizada por homicidio calificado con dos calificantes.
De acuerdo con el Código Penal chileno, este delito contempla penas que van desde los 15 años y un día hasta presidio perpetuo simple (duración indefinida).
Durante la formalización de este caso que causó conmoción en la ciudad, la fiscalía destacó que la imputada actuó "sobre seguro". Esta expresión, en términos legales, se refiere a la planificación y ejecución de un delito con la certeza de que no habrá interferencias ni testigos, aprovechándose de la indefensión de la víctima.
“La imputada actuó sobreseguro, en el sentido de que ella sabía que los hijos no estaban en la casa porque habían ido a jugar un partido de fútbol. Estaba sola con la víctima y además de ello, sabía que sus hijos posteriormente se iban a ir a ayudar a guardar leña a su abuela; por lo tanto, en varias horas no llegaría”, señaló María Angélica de Miguel, jefa de la Fiscalía Local de Osorno.
Asimismo, la fiscal destacó que la imputada intentó encubrir el crimen limpiando la escena y ocultando el teléfono de la víctima, el cual fue encontrado en su habitación.
También se informó que, al momento de los hechos, la hija de dos años de la víctima se encontraba en el domicilio, lo que podría agregar elementos agravantes en el proceso judicial.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran las declaraciones de los hijos de la imputada, uno de los cuales era pareja de la víctima, el informe pericial de la Policía de Investigaciones (PDI) y el preinforme del Servicio Médico Legal.
Según los antecedentes, la víctima sufrió un golpe en la parte posterior de la cabeza antes de recibir aproximadamente 18 puñaladas en distintas partes del cuerpo.
El tribunal estableció un plazo de 100 días para la investigación, durante los cuales se realizarán nuevas pericias, incluyendo análisis de ADN y otros exámenes forenses. La fiscalía no descartó solicitar una ampliación del plazo, dependiendo de los resultados de las diligencias en curso.
La imputada enfrentará un proceso judicial con una pena que podría alcanzar el presidio perpetuo simple, dependiendo del desarrollo del juicio y las pruebas presentadas.
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