Administrar la complejidad también es una cuestión Constitucional

Poco a poco la convención constitucional va configurando una estructura administrativa que le permitirá, luego de su consolidación, darse a la tarea de escriturar el pacto político que nuestra nación anhela.

Resulta normal, en nuestro concepto, que este grupo heterogéneo de personas, lo que en si mismo constituye una cualidad estimable, se tome el tiempo adecuado para estructurar las normas y reglas de procedimiento que guiarán su esencial cometido, procedimientos que no son cuestiones baladís. Entonces, en el espíritu de calmar esos ánimos que auguran bailes nacionales con protagonistas desnudos, podemos comunicar que nuestra convención ya cuenta, entre otras aportaciones y asesorías, con la colaboración del Oficial Mayor de Secretaria de la cámara de diputadas y diputados quien hace las veces de secretario provisional, ya se reunieron con el señor Contralor y este les facilitó el soporte informático necesario para que los y las convencionales efectúen sus declaraciones de intereses y patrimonio, se han reunido con el ejecutivo logrando que imprima mayores recursos, universidades públicas colaboran con profesionales en comisión de servicio para su mejor cometido. 

Observamos que han motivado la señora presidenta y el señor vicepresidente, a quienes corresponde a los fines de lograr una gestión administrativa que asegure las condiciones de operación adecuadas. Podemos cifrar esperanzas, entonces, en que la construcción normativa se desplegará en el tiempo proyectado, recordemos que vecinos nuestros, Colombia y Ecuador, por ejemplo, en 5 y 14 meses respectivamente lograron configurar la carta política que hoy los rige. En nuestro caso, parece prudente el plazo de 9 meses con una ampliación de 3 para enterar un año, de provechosas deliberaciones que den como resultado un cuerpo normativo moderno que proyecte a nuestro país como una nación fraterna, solidaria, inclusiva, sustentable y humanizadora que permita el desenvolvimiento de sus hijas e hijos en paz y progreso.

Mario Madrid

Docente carrera Derecho

Universidad Santo Tomás