El diputado de la UDI, Daniel Lilayú, junto a otros miembros de su bancada, ingresaron esta semana un proyecto de ley que busca exigir el pago de una multa pecuniaria a los responsables del delito de falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública, la cual podrá variar entre 20 y 80 unidades tributarias mensuales.
El parlamentario explicó que las falsas alarmas “se manifiestan principalmente mediante llamados telefónicos conocidas coloquialmente como pitanzas".
"Los responsables de estos hechos tienen ánimo de engañar a la población con objeto de poner en marcha servicios que actúan en situaciones de emergencia, tal como lo son carabineros, bomberos, grupos de rescate marítimo y ambulancias, entre otros”, dijo.
“Estos actos atentan deliberadamente en contra del orden y seguridad pública de la nación”, agregó Lilayú, junto con enfatizar que dicha conducta “pone en riesgo la integridad psicológica de las personas que son engañadas, lo cual incluso puede poner en riesgo la vida".
"Es de público conocimiento que muchas personas sufren de fobia ante situaciones de riesgo, lo cual les puede generar ataques de pánico e incluso ataques cardíacos”.
Al respecto, el legislador recalcó que cada procedimiento “tiene un alto impacto económico, toda vez que implican poner en marcha helicópteros, carros de bomberos, ambulancias e incluso aterrizajes de emergencia, generando un perjuicio en aquellas oportunidades en que realmente ocurre una catástrofe real”.
Finalmente, Lilayú señaló que “los responsables de este tipo de conductas suelen ser menores de edad incapaces de responder económicamente por los daños producidos."
"Así, es necesario que el padre, madre o representante legal responda solidariamente en estos casos, haciéndose cargo del pago de la multa asociada, la que podría ser de 20 a 80 UTM”, declaró.
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