El diputado Héctor Barría, miembro de la Comisión de Educación, destacó la importancia de este hito, aunque reconoció que el monto aprobado no alcanza a saldar completamente la deuda moral y económica contraída con el gremio.
“Es un monto inferior a la deuda real que tiene el Estado con los profesores, pero es lo que se pudo lograr a través de acuerdos valorados y apoyados en procesos participativos liderados por el Colegio de Profesores. Este es un gran paso para comenzar a saldar esta deuda con quienes formaron a generaciones enteras de chilenas y chilenos”, afirmó.
La aprobación del proyecto culmina un extenso proceso de diálogo y participación iniciado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. El 15 de marzo de 2024, el nuevo directorio del Colegio de Profesoras y Profesores, encabezado por Mario Aguilar, se reunió con el mandatario para abordar el compromiso de enviar una propuesta de ley al Congreso.
Posteriormente, el 21 de octubre de 2024, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, presentó la propuesta de reparación al gremio docente y a finales de ese mismo mes, se llevó a cabo una consulta online en la que participaron 27.211 personas, de las cuales un 82.04% se manifestó a favor del proyecto.
El Presidente Boric envió el proyecto al Congreso el 2 de diciembre de 2024, donde fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados el 8 de enero de 2025. Finalmente, hoy, el Senado lo despachó para convertirse en Ley de la República.
El proyecto establece una reparación económica de 4,5 millones de pesos por docente, reajustable anualmente, a ser pagada en un período de seis años, entre octubre de 2025 y enero de 2031. El pago será progresivo, priorizando a los docentes de mayor edad, y dividido en dos cuotas anuales.
Además, se garantiza la transmisibilidad del beneficio en caso de fallecimiento del titular durante el período de pago y se excluye a quienes hayan recibido compensaciones previas por esta misma causa.
La deuda histórica se originó en 1981, durante la dictadura militar, cuando la administración de las escuelas públicas fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que las y los docentes recibieran el reajuste salarial estipulado en el Decreto Ley N° 3.551.
Hoy, tras 43 años de espera, este acto legislativo representa un paso significativo hacia la justicia y el reconocimiento del valor de las y los profesores en la construcción del paí
La aprobación de esta ley constituye un momento histórico que no solo repara una deuda pendiente, sino que también envía un poderoso mensaje de respeto y valoración hacia quienes dedicaron sus vidas a la formación de nuevas generaciones.
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