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Deficiencias calificadas como significativas en el manejo de lixiviados, de biogás, en la cobertura de los residuos y en el manejo de aguas lluvias, advirtió la reciente fiscalización ejecutada por la Superintendencia de Medioambiente, al sitio de disposición final transitorio de residuos sólidos llamado por las comunidades como vertedero ilegal de Puntra El Roble, en Chiloé.
Ivonne Mansilla, jefa de la Oficina Regional de Superintendencia de Medioambiente (SMA) informó los resultados de la fiscalización realizada recientemente. “La Superintendencia de Medioambiente fiscalizó el pasado viernes al relleno sanitario de Puntra, en la comuna de Ancud, detectando una serie de falencias asociadas al manejo de los lixiviados, lo que podría generar un riesgo potencial de contaminación fuera del recinto, así como también un riesgo potencial en el deslizamiento de la masa de residuos. Es por ello que esta Superintendencia ha ordenado una serie de medidas provisionales entre las que se cuentan la extracción inmediata de todos los líquidos lixiviados hacia un lugar de disposición final autorizado”. Así también, la funcionaria informó que se le ha solicitado al municipio, que presente una serie de proyectos de ingeniería, con un plazo de 30 días corridos.
Para las comunidades este informe, aunque es extremadamente tardío, deja de manifiesto que el funcionamiento de este vertedero es ilegal y está generando contaminación en el Santuario de la Naturaleza.
Cabe recordar que este relleno sanitario fue puesto en funcionamiento en enero de 2020 por la Municipalidad de Ancud, luego de un millonario acuerdo con Erwin Bergmann, propietario de un predio ubicado en el sector de Puntra El Roble, por expresa autorización de la ex Seremi de Salud de la Región de Los Lagos, Scarlett Molt, quien avaló la instalación de este basural en el área de influencia del primer Santuario de la Naturaleza de Chiloé en la cuenca del río Chepu, sin contar para ello con proyectos de ingeniería, ni estudios de impacto ambiental y sin que se haya presentado la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como exige la Ley para este tipo de proyectos.
La medida que ha llevado al funcionamiento irregular de este vertedero y con sus potenciales consecuencias ambientales por más de un año y medio, contraviene la decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que busca proteger la biodiversidad y el paisaje natural de la zona.
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