Salen a la luz nuevos detalles del atropello que dejó un fallecido en Purranque

Hasta seis veces se ha incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno por parte del victimario.

El 11 de marzo de 2024 se registró un accidente automovilístico en el sector rural de Coñico, de la comuna de Purranque, que le costó la vida a José Miguel Aguilar Alvarado, quien fue impactado por un furgón escolar y cuyo chofer decidió darse a la fuga.

Aquella formalización determinó que el conductor de 75 años quedara con medidas cautelares de firma semanal mientras dure la investigación por el delito de cuasidelito de homicidio y el no dar cuenta a la autoridad del hecho.

Y es que la investigación a cargo de la SIAT de Carabineros determinó que el impacto dio muerte al peatón, el cual habría realizado una exposición temeraria como motivo detrás de aquel atropello, teoría que fue refutada por la representación de la víctima.

De acuerdo a los argumentos esgrimidos por la familia de Aguilar, aun no manejan el informe definitivo de la autopsia del Servicio Médico Legal, donde además solicitaron a un perito judicial realizar trabajos en el sitio del suceso, dando cuenta que la víctima transitaba por la berma, contradiciendo la versión expuesta por la SIAT.

A su vez, existirían una serie de agravantes en el caso que cambiarían el nivel de una condena, ya que indican que el conductor fue diagnosticado con Parkinson hace más de diez años, recibiendo la licencia de conducir clase B tras falsear la declaración jurada para obtener el documento.

Asimismo, el hombre de 75 años manejaba un furgón escolar sin contar con los permisos necesarios para ejercer tal rol, situación que no fue advertida ni por la Seremi de Transportes ni por otras autoridades a cargo del tránsito o del cuidado de menores.

Es por ello que la familia afectada apeló en la reformalización de este martes 13 de agosto a invocar la Ley Emilia a la suma de los delitos anteriormente mencionados, que significaría una pena efectiva de hasta tres años y un día de cárcel para el imputado, cuya medida cautelar vigente de arresto domiciliario nocturno ha sido incumplida en seis oportunidades sin justificaciones al tribunal.