Entre 2023 y 2024, el municipio de San Pablo ha debido desembolsar $450 millones en indemnizaciones debido a 16 demandas laborales interpuestas por docentes y funcionarios del Departamento Administrativo de Educación Municipal (Daem).
Estas acciones legales, relacionadas con tutela laboral y despido indirecto, han resultado en fallos favorables para los trabajadores, luego de que la justicia determinara que sus derechos fueron vulnerados de manera grave.
El problema tiene raíces en la crisis financiera que afecta al sistema educativo de la comuna desde hace años. En 2021, gremios de profesores y asistentes de la educación denunciaron que el municipio acumulaba una deuda de $200 millones en cotizaciones previsionales impagas, además de retrasos en aportes a sistemas de salud, préstamos bancarios y seguros de cesantía.
Esta situación generó gran incertidumbre entre los funcionarios, muchos de los cuales han enfrentado problemas de salud debido a la presión económica y la imposibilidad de cumplir con sus compromisos financieros.
Las resoluciones judiciales han impuesto al municipio la obligación de cesar estas prácticas y regularizar los pagos pendientes.
Los tribunales han determinado que la administración municipal ha vulnerado derechos fundamentales al no pagar salarios a tiempo y efectuar descuentos que no se han traducido en los pagos correspondientes a las entidades respectivas.
Asimismo, han reconocido el impacto psicológico y moral que estas irregularidades han tenido en los trabajadores, al afectar su estabilidad emocional y calidad de vida.
El alcalde de San Pablo, Marco Carrillo, reconoció al Diario Austral de Osorno la gravedad del escenario financiero y explicó que los montos asociados a estas sentencias provienen de los fondos propios del Daem, alimentados por subvenciones estatales.
Según la autoridad comunal, este desembolso ha incrementado el déficit mensual de la educación municipal, que ya alcanza los $65 millones, y se suma a una deuda total del municipio que llega a los $1.500 millones.
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