Osorno, la única ciudad donde subió la tarifa del transporte público este año
Por Redacción / 15 de septiembre de 2022 | 14:15
Por Rafael Martínez Carvallo
Juan trabaja de lunes a viernes, de 06:30 de la mañana a 20:30 de la noche. La mayor parte del día, alrededor de 14 horas, está manejando. No cuenta con sueldo base, por lo que su ingreso es lo que recolecta diariamente en la pesera, como llaman al objeto donde depositan el dinero cancelado por los pasajeros.
“Luchamos por una mejor calidad de vida y laboral. Nosotros pagamos el petróleo y una cuota diario por trabajar. Entonces, vivimos de la pesera y traer un poco más de plata a la casa. Por eso salimos a luchar por los 100 pesos. Si no trabajas en el día, no tienes plata", explica a Diario de Osorno.
El microbusero menciona que solo espera trabajar tranquilo junto con sus compañeros para cumplir con sus necesidades básicas. Cuenta que tras el aumento de 100 pesos hay más micros en las calles y que eso va en favor del usuario, dado que más gente volvió a trabajar.
“Muchos se habían ido a Puerto Montt y están regresando. O muchas máquinas estaban paradas por el precio anterior y ahora andan en tránsito”, cuenta.
Mientras Juan busca esa tranquilidad, el panorama sigue siendo complejo, con posturas distantes y con un futuro por dilucidar.
“No sé qué está pasando en este minuto. Desconocemos si siguen las conversaciones. Han pasado diversas administraciones, un sinnúmero de conversaciones y nadie da una solución. Que se comprometan a dar una respuesta clara, concisa y definitiva. Si esto pasara en la Región Metropolitana, otro sería el interés”, declara el alcalde Emeterio Carillo a Diario de Osorno.
Quiere calmar las aguas y estar al margen. No quiere ahondar más en el tema y dejar todo en manos de los representantes legales.
Esas son las palabras de Juan Carlos Cárdenas a más de un mes de comandar a los conductores de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de Osorno a realizar el paro de su actividad laboral por cuatro días consecutivos: del 9 al 12 de agosto.
El gremio protestó por el congelamiento de la tarifa en $400 hace más de siete años, en tiempos de inflación y donde el combustible va en alza.
“Somos la ciudad con el pasaje más barato de Chile. Con el precio es insuficiente para regular los costos diarios de cada jornada laboral. Se genera una situación muy compleja”, enfatiza Cárdenas, representante de la línea 1 de microbuses de la ciudad.
La decisión causó un impacto inmediato. Desde la alcaldía informaron que la asistencia por parte de los alumnos a establecimientos educacionales disminuyó un 30% en promedio y que por la falta de movilización se perdieron 236 horas en centros de salud ubicados en el centro de la ciudad.
“Hay más de 180 mil habitantes que sufren las consecuencias de este tipo de medidas”, declaró el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, en ese momento.
La ausencia de buses no podía continuar.
Para que el transporte público volviera a su flujo habitual, los microbuseros condicionaron unilateralmente, que el valor subiera a 500 pesos. Habían tomado la decisión y tenían fecha para que el valor entrara en vigor.
Un alza que iba en contra lo establecido por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
A inicios de abril de este año, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comunicó que para enfrentar los problemas económicos del país, se congelaba el precio del transporte público regulado a nivel nacional hasta el 31 de diciembre 2022, gracias a la herramienta presidencial con la que el Gobierno cuenta para implementar este tipo de medidas.
“Incluye mantener las tarifas de la locomoción colectiva no solamente en Santiago, sino que en todo el país”, aseguró el ministro.
Así, por un lado, quedó lo legalmente escrito y por otro, la postura de los trabajadores movilizados. Las negociaciones entre los operadores, conductores y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) debían llegar a un pacto. La reunión de todas las partes involucradas era urgente.
La primera en realizar un movimiento clave para establecer un dialogo fue la diputada por el Distrito 25, Emilia Nuyado, quien le solicitó a su equipo tomar contacto con los voceros de los conductores movilizados y reunirse.
Tras escuchar sus requerimientos y en presencia de ellos, llamó directamente al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, para plantearle el problema en Osorno y solicitar su ayuda para levantar el paro.
Tras la conversación, Nuyado pactó una reunión, vía zoom, con la seremi de Transportes de Los Lagos, la delegada presidencial y los representantes del transporte mayor. Llegaron todos los actores el viernes 12 de agosto.
“El dialogo fue complejo. La postura de los conductores era subir el pasaje, ya que el acuerdo establecido del congelamiento de los pasajes los tenía en una situación muy crítica. La jornada laboral era de 14 a 16 horas diarias y estaban cada vez más complicados económicamente”, explica la parlamentaria Nuyado a Diario de Osorno.
Se llegó a un primer acuerdo: el paro se terminaba a las 00:00 del sábado. Sin embargo, en relación al precio, hubo mensajes diferentes por parte de las autoridades y conductores.
Por su parte, Juan Cárdenas daba un discurso fuerte y conciso en tres palabras: “Salió humo blanco”. El representante de los conductores informaba que el valor de los pasajes subiría 100 pesos, medida que adoptaba su gremio tras la reunión.
“La próximas semana salimos con la tarifa de 500 pesos, el adulto mayor 250 pesos y estudiantes 150 pesos. Son 100 pesos que hacen la diferencia en estos tiempos”, detallaba.
A las pocas horas de las declaraciones de Cárdenas, voces autorizadas del MTT negaban un acuerdo y enfatizaban que en la ciudad de Osorno se encuentran congeladas las tarifas por instrucción presidencial y que de no cumplirse lo estipulado en los contratos, tienen facultades para sancionar este aumento de la tarifa sin autorización.
“Les planteamos de qué forma nosotros queríamos inyectar más recursos al transporte público y que entendieran que existía la voluntad plena para poder mejorar el sistema porque sabemos que no está funcionando de manera adecuada", explica a Diario de Osorno, Pablo Joost, seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Lagos.
"Nunca salió humo blanco porque nunca hubo una negociación. No tenemos ninguna facultad, ninguna herramienta legal para transferir recursos directamente a los conductores”, puntualiza el Joost.
El tema seguía en discordia y sin un acuerdo establecido. Sin embargo, desde el miércoles 17 de agosto, los conductores comenzaron a cobrar la nueva tarifa decretada por ellos.
Un mes después del episodio del paro, Juan Cárdenas recapitula: “Pablo Joost salió con otro discurso”.
En tanto, la postura del Ministerio de Transportes sigue siendo la misma: “No tengo problema en volver a decirlo. Existen registros donde se señaló que no existían acuerdos. Informamos de dónde venían los recursos, cómo se podían inyectar, cuántos recursos eran, los plazos, y aun así nunca hubo de parte de ellos aceptar que existía la voluntad nuestra y que su movimiento afectada a la ciudadanía”, cuenta Pablo Joost.
El seremi puntualiza que en las primeras reuniones les ofrecieron a los conductores ser un articulador para que ellos encontraran un buen acuerdo con su empleador para recibir mayores recursos producto de la compensación tarifaria.
Desde la vereda de la alcaldía definen esta discrepancia por falta de diálogo.
“Fuimos interlocutores para puntos de encuentro y no funcionó. Me reuní con los empresarios, conductores y hablé por teléfono varias veces con el ministro, con el Seremi de Transportes de la Región de Los Lagos, Pablo Joost, pero no hubo voluntad de llegar a una negociación. Las posiciones fueron firmes de ambos lados y quien paga son los usuarios”, comenta Emeterio Carrillo a Diario de Osorno.
Pero dejando las palabras de lado y dando paso a la acción, el Seremi indicó que desde que se hizo efectiva el alza, los fiscalizadores han hecho levantamiento de informes que estarán contenidos en las carpetas con los argumentos que apuntan a responsabilidades, por lo que, se describe como un acto unilateral e ilegal.
“Se han realizado cerca de 300 fiscalizaciones, principalmente vinculadas al cobro de tarifas superiores a las establecidas. Por lo mismo, como División de Transporte Público Regional del MTT, estamos sistematizando una serie de datos que nos entregaron esas fiscalizaciones, para formular cargos en contra de las empresas por el incumplimiento a los cobros y contratos”, explica el jefe de la división, Alan Sepúlveda.
El MTT está en el proceso de sistematización de actas para cursar las sanciones. Los resultados y procesos que pudieran derivar de ellas, no las pueden comentar hasta que esté finalizado.
“Lo que se está desacatando acá es la expresión de la orden presidencial expresada en un contrato, que es el instrumento que han firmado las partes y representa el acuerdo entre el ente público y el privado”, agrega el representante del MTT, Pablo Joost.
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Por su parte, el senador Ivan Moreira desglosa que “el problema de fondo es el impacto que está teniendo en los osorninos el aumento del precio del transporte público y el temor que nuevamente se produzca una paralización".
"Los subsidios acordados con el Estado estaban pensados para un escenario normal, no para una subida de precios como la que estamos viviendo. Aquí es fundamental que el gobierno tenga disposición real de solucionar este problema y entienda que deben inyectar más recursos al transporte público”, comenta a Diario de Osorno.
Ante las dudas del escenario actual, Pablo Joost menciona que aún no se ha tomado sanciones y ningún levantamiento de cargos, pero que han observado otro tipo de incumplimientos por parte de los representantes y que los tienen analizando cómo abordarlos en relación con las sanciones que se van a realizar.
“Los buses deben tener a la fecha contadores de pasajeros. De 95 buses fiscalizados solo nueve cuentan con el implemento. Además, durante agosto se le informó que el cobro fue de 400 pesos en calle y como todos sabemos se cobró 500 pesos”, especifica.
En relación con el futuro, la diputada Emilia Nuyado, quien además es integrante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones indica que el Ministerio de Transporte está cumpliendo con su mandato a la espera del termino del congelamiento de las tarifas, pactada para fin de año, para así dialogar respecto a acuerdo futuros con el transporte mayor de Osorno.
“El Ministerio está realizando sus fiscalizaciones y en diciembre o próximo año nuevamente se reunirán para resolver”, enfatiza.
Por ahora, el transporte público seguirá cobrando 500 pesos, a pesar de ser un acto que desacata una orden presidencial.
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