A partir de este lunes 18 de noviembre, el Frente de Trabajadores Penitenciarios, compuesto por las asociaciones Anfup, Agech y Ansog, convocó a un paro nacional de actividades debido a la falta de condiciones laborales de calidad para los funcionarios.
Los principales puntos del petitorio destacan la necesidad de la redistribución de cargos desde el grado 26 hacia grados superiores, además de incentivos al retiro voluntario para un total de 600 funcionarios, lo que permitiría generar más de 130 ascensos anuales.
A través de un comunicado, los funcionarios también destacan la crisis de seguridad y hacinamiento que se vive en el sistema penitenciario chileno, donde la población penal ha aumentado de 42 mil a casi 60 mil reclusos.
La decisión de paralizar funciones surge por el incumplimiento del Gobierno a un acuerdo firmado en 2023, donde establecía un compromiso entre el Ministerio de Justicia y Gendarmería para trabajar en un proyecto de ley que abordara problemáticas de carrera funcionaria, el cual debía iniciar en enero de este año, cuyo proceso se ha visto retrasado.
Los dirigentes de las asociaciones acusaron al gobierno de falta de seriedad y de incumplir los compromisos asumidos. Denuncian constantes cambios en la programación de reuniones y una informalidad en la entrega de contrapropuestas, lo que ha socavado la confianza en las negociaciones.
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